Luis Ayala Ramos\r\n\r\nTOLUCA, México, 11 de Julio.- Después de que las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la LVIII Legislatura mexiquense avalaron penas de prisión por prestar servicios educativos ilícitos, el presidente de la Diputación Permanente del Congreso local, Octavio Martínez Vargas indicó que el Partido de la Revolución Democrática no avalará esta iniciativa.\r\nAseguró que de aprobarse esta reforma dará como resultado que haya un mayor número de jóvenes y niños que estén dejando las aulas por la falta de espacios.\r\nInformó que esta iniciativa establece sanciones a todas aquellas personas que impartan educación básica, media superior o superior, en cualquiera de sus modalidades y vertientes, sin autorización o reconocimiento de validez oficial.\r\nAclaró que la Reforma avalada en Comisiones, adiciona el articulo 148 Ter y un Capitulo XX, denominado «Impartición Ilícita de Educación» al Libro Segundo del Código Penal, en la que refiere que se impondrán de cinco a 10 años de prisión y una multa de mil a mil 500 días de salario mínimo vigente, a quienes impartan clases en escuelas irregulares.\r\nArgumentó que es un tema muy complejo, que hay un estudio que están desarrollando en el que se estima que el 20 por ciento de las escuelas en el estado de México de educación básica y de educación media superior son irregulares.\r\nExplicó que entendiendo por irregular aquellas escuelas que tienen sus autorizaciones en trámite, que el gobierno del estado ha aceptado la solicitud, que les ha dado parcialmente un reconocimiento pero que aún no están con la validez oficial, la incorporación al algún sistema de educación, nacional o estatal.\r\nPuso como ejemplo escuelas de Ecatepec de la Laguna de Chiconautla donde hay una preparatoria, una primaria y una secundaria, al igual que en la comunidad Luis Donaldo Colosio, centros educativos pertenecientes a organizaciones sociales como la UPREZ, Antorcha Campesina y la UGOCEM, que imparten clases a un gran número de alumnos, cubriendo una necesidad escolar, algunos con ciertos requisitos, otros parciales y otros más en regla.\r\nReiteró que esta iniciativa es verdaderamente preocupante porque lo que busca es criminalizar la educación «creo que no es la solución». Aseguró «lo que debiésemos de criminalizar son a quienes autorizan estas escuelas fuera de la ley, no solamente las escuelas de organizaciones sociales, sino las escuelas privadas que han estado proliferando sin cumplir los requerimientos urbanos».\r\nExpresó que en el caso de San Cristóbal Centro, están surgiendo un gran número de escuelas, en todas las avenidas, sin los espacios que autoriza la norma, sin los cajones de estacionamiento para los usuarios, estudiantes, profesores, etc.\r\n