Luis Ayala Ramos\r\nCOACALCO, México, 23 de Febrero.- Policías municipales y funcionarios de la oficina del juzgado calificador y conciliador de Coacalco, son acusados de violar garantías individuales y laborales, al detener arbitrariamente a personas que realizan encuestas de opinión en la localidad, además de imponer elevadas multas y no entregar recibos de la tesorería municipal.\r\nHeriberto López Romo, Presidente la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión, A.C. (AMAI) y Rodrigo Galván de las Heras, Presidente del Colegio de Especialistas en Demoscopia y Encuestas (CEDE), en un comunicado denunciaron los atropellos de la policía local y de los responsables de la oficina Conciliadora y Calificadora del municipio de Coacalco al entorpecer las actividades de pesonal de estás firmas, pues no trasgredieron ninguna normatividad y fueron arrestados.\r\nExplicaron que en días anteriores fueron detenidos los encuestadores de empresas afiliadas, cuando realizaban trabajos de campo en investigación social aplicada en este municipio, y luego les aplicaron sanciones máximas en la oficina Calificadora, cuando sólo deberían haber sido amonestados, pues no infrigieron el bando municipal.\r\n»Pero sobre todo, no podemos admitir que se les exija pagar ?multas? en efectivo y sin el recibo correspondiente, lo cual contraviene los principios de transparencia y combate a la corrupción que están adoptando los municipios en México?», indicaron Heriberto y Rodrigo Galván.\r\nReiteraron que personal de campo de una empresa asociada sufrió un desafortunado incidente con las autoridades de Coacalco, pero no es el primer caso que sucede, por ello la industria organizada de investigación social aplicada en México emitió su repudió e hizo un llamado a las autoridades del Estado de México y del Congreso mexiquense a frenar estos abusos.\r\nFinalmente, externaron su rechazo a la violación de la legalidad de autoridades de Coacalco, policía municipal y funcionarios del juzgado Conciliador de Coacalco que impidan labores y violan garantías consagradas en la Constitución mexicana.