Cynthia Gómez Colín
TOLUCA, México, 29 de Marzo.- El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, aseguró que la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, conocida como Ley Atenco, fue aprobada por el Congreso local bajo los estándares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), y va en sintonía con lo dispuesto en las atribuciones tanto federales como estatales, así como de la tesis de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en lo referente a la protección de los Derechos Humanos.
Durante su participación en el informe de gestión 2015 del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Baruch Delgado Carbajal, el mandatario resaltó que esta ley es un documento que pone candados y frena cualquier tipo de abuso que pudieran cometer las corporaciones policiacas, al tiempo que equilibra las garantías de protección de los derechos, tanto de los ciudadanos como de los policías, ante el eventual uso de la fuerza pública.
Del mismo modo, indicó, promueve la profesionalización de los cuerpos policiacos en apego a protocolos internacionales y, en caso de se incurra en el uso legítimo de la fuerza pública, se instruye la responsabilidad y reparación del daño, estableciendo a la Codhem como el órgano encargado de vigilar de oficio los derechos humanos.
Sin embargo, debido a las voces que no están a su favor, le solicitó a Joaquín Narro Lobo, secretario general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emita una opinión respecto al contenido de la ley, recalcando que si fuera el caso, existe la voluntad de parte de los diputados locales para hacer los ajustes necesarios, precisando que tienen tres meses para que esta ley entre en vigor, por lo que todavía no se emite su reglamento.
“Este es un gobierno democrático y, desde luego, respetamos todas las voces, podremos estar no de acuerdo con algunas, pero siempre respetaremos su derechos a expresarse”, aseguró.
Ávila Villegas recalcó que no van a permitir ningún abuso de la policía que afecte a la gente, aun cuando la ley va en sintonía, pero recordó que el uso de la fuerza pública y su aplicación excesiva siempre ha sido un mandato constitucional, por lo que esta nueva legislación es un mecanismo que permitirá a la autoridad hacer valer el estado de derecho como una obligación, pero con la certeza de que los cuerpos policiacos no incurrirán en abusos y servirá también para que la ciudadanía observe su aplicación.
Durante su informe, Delgado Carbajal destacó que se incrementaron 33 por ciento el número de recomendaciones, precisó que resolvieron un total de 532 expedientes, de éstos 509 se resolvieron por la vía de la conciliación y 53 por mediación.
Durante el 2015 se signaron 19 convenios de colaboración con instituciones académicas, públicas y organizaciones de la sociedad civil, radicaron un total de 9 mil 239 expedientes de queja, emitieron 32 recomendaciones con motivo de las investigaciones de oficio y expedientes de queja en los cuales se comprobaron violaciones a derechos humanos y se creó el catálogo para la calificación de violaciones.