Toluca, Méx., 3 de septiembre de 2007.- Hilario García Valdés, coordinador del Frente de Lucha contra la Corrupción y por el Desarrollo Comunitario, hizo un llamado al gobernador del estado, Enrique Peña Nieto, para que no solape la corrupción y advirtió que si fue invitado a integrar el Consejo Estatal Consultivo en Materia de Seguridad Pública para adornar la mesa, no asistirá.\r\nGarcía Valdés refirió que desde 2005 presentó tres denuncias en contra del mismo número de funcionarios del municipio de Huixquilucan, una de las cuales ya está totalmente integrada, la cual fue en contra del secretario de Desarrollo Urbano, Margarito René Chicho Escobar.\r\nEn la averiguación TLA/MR/871/05, está documentado un desvió de recursos por 35 toneladas de cemento que destinó a la comunidad “La Unidad”, cuyo equipamiento urbano está totalmente terminado.\r\nAsimismo, dijo que firmó contratos de obra pública ostentándose como arquitecto, cuando la Dirección General de Profesiones reportó que no cuenta con título universitario alguno.\r\nComentó que esta averiguación está totalmente lista y que el 7 de septiembre se desahogará la primera garantía de audiencia, pero dijo que la realidad es que el PRI está utilizando estos casos para sus vendetas, porque las otras dos se encuentran en archivo. \r\nLa Segunda involucra a Humberto Carlos Navarro de Alba, ex Secretario del Ayuntamiento, bajo la averiguación TLA/MR/870/05, por los delitos de daño a los recursos públicos por 63 mil pesos y por usurpación de profesiones, ya que firmó contratos de arrendamiento ostentándose como licenciado en Derecho.\r\nLa tercera, en contra de Jorge Abud Chami, ex director de Desarrollo Económico, número TLA/MR/872/05, es por usurpación de profesión ya que se ostentó como Contador Público. Este árabe, dijo, es dueño de varias instituciones educativas privadas en Huisquilucan. \r\nAsimismo, ingresó un documento a la Contraloría de la Legislatura porque la administración de Huixquilucan 2006-2009, consesionó el servicio de recolección de basura sin seguir la normatividad, “no hubo aprobación de Cabildo, ni de la Legislatura, ni se realizó la licitación de la empresa”.