José Contreras Contreras\r\n\r\nTOLUCA, México, 23 de Sep.- José Humbertus Pérez Espinoza, presidente del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna A. C., anunció que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Codhem) recomendó a la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) reducir de 50 a 70 por ciento los costos de la vivienda que generaron que muchas personas dejaran de pagar sus créditos hipotecarios, con lo que perdieron su patrimonio.\r\nEl dirigente de ese movimiento indicó que esta resolución constituye un paso histórico en defensa de los llamados derechos humanos de cuarta generación, dentro de los cuales se ubica el derecho de las personas a tener un lugar digno y seguro para habitar.\r\nEstableció que no se trata de que los deudores no paguen lo que deben a las inmobiliarias, sino que estas últimas establezcan un costo real, con base en las características físicas de los inmuebles y no se apliquen intereses estratosféricos en perjuicio del comprador.\r\n»Nosotros nunca hemos estado en contra de pagar lo que debemos, pero nuestra denuncia comenzó cuando las empresas elevaron arbitrariamente los precios, hicieron aplicación de intereses moratorios y elevaron las deudas hasta en mil por ciento», señaló.\r\nComentó que la recomendación también establece que se debe sancionar penalmente a distintos servidores públicos y ex servidores involucrados en las maniobras que favorecieron el encarecimiento de los créditos hipotecarios, muchos de los cuales ya habían creado despachos de cobranza de esas deudas para salir ganando en el negocio.\r\nAdvirtió que dentro de las personas involucradas en lo que calificó como el «gran fraude inmobiliario» del Estado de México, destaca el nombre de un sujeto conocido como «El R», a quien se le atribuyó en su momento el homicidio de 20 personas que fueron localizadas en La Marquesa, quien después salió libre dos años después por falta de pruebas.\r\nAcusó que «El R» tiene una empresa de seguridad privada a la cual los despachos de cobranza de las inmobiliarias le encargan la recuperación de los inmuebles, lo cual ejecutan con amenazas e incluso agresiones físicas a los deudores.\r\n