Agencia MVT / José Contreras Contreras
TOLUCA, México, 30 de Noviembre.- Católicas por el Derecho de Decidir y la Red Nacional Católica de Jóvenes se pronunciaron por el respeto irrestricto a la decisión de las mujeres para interrumpir el embarazo, en cualquier circunstancia, pero particularmente cuando éste sea producto de violación o abuso sexual, para lo que pidieron facilitar el acceso de quien lo requiera a las clínicas y hospitales del sector salud del Estado de México, donde deben ser atendidas con dignidad.
En conferencia, Azucena Palma Mena, representante en la entidad de la Red Nacional Católica de Jóvenes, indicó que, en promedio, se cometen 600 mil delitos sexuales cada año en el país, de los cuales, 4 de cada 10 son en contra de menores de 15 años de edad, y la mitad de ellos se cometen en el hogar, el 80 por ciento de las ocasiones por un familiar o conocido de la familia de la víctima.
“Aunque la legislación en México establece que el aborto por violación es legal en todo el país, las víctimas de violación enfrentan serios obstáculos para acceder a la interrupción legal del embarazo”, aseguró.
Advirtió que obligar a una mujer a continuar con un embarazo, especialmente cuando éste es producto de violación, o cuando la vida o la salud de la mujer está en riesgo, constituye una forma de violencia institucional y puede ser una forma de tortura.
Pidió armonizar las leyes federales y estatales relativas al aborto, a fin de eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que desean interrumpir un embarazo de forma legal, y subrayó que “la negación de un servicio de salud, como el del aborto legal, constituye una forma de discriminación en contra de las mujeres”.
“En México las mujeres que han sido violadas y que resultan embarazadas son víctimas por partida doble: la primera vez por el perpetrador de la violación, y la segunda por los funcionarios públicos que las ignoran, las maltratan y les niegan el acceso a un aborto legal”, puntualizó.
Indicó que las autoridades estatales continúan revictimizando a las mujeres que acuden al Ministerio Público o al sector salud, al negarles el acceso al aborto legal, al poner en duda que las mujeres o niñas han sido violadas, alargando el proceso de atención para que avance el tiempo de gestación y el aborto resulte una decisión y una experiencia más complicada, e infundiendo miedo al afirmar que el aborto trae consecuencias como esterilidad, perforación del útero, daños psicológicos graves o la muerte.
En consecuencia, solicitaron al gobierno mexiquense garantizar el acceso de mujeres, adolescentes y niñas a servicios de interrupción legal del embarazo; sancionar a las autoridades que por prejuicios o por cualquier otro motivo las revictimicen y les nieguen el acceso al aborto legal por las causales establecidas en la legislación local; implementar la Norma 046, ya que “de lo contrario estarían cometiendo una grave violación a los derechos humanos de las mujeres y niñas al forzarlas a continuar con un embarazo producto de violación”, concluyó.
