México, Distrito Federal., 6 de febrero de 2007.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó por 7 votos a favor y 4 en contra, designar una comisión para investigar las presuntas violaciones de derechos humanos, ocurridas en mayo del 2006 durante los operativos policíacos en San Salvador Atenco. Los magistrados de circuito Jorge Mario Pardo Rebolledo y Sergio González Bernabé fueron designados para investigar los hechos de violencia.\r\nCabe destacar que por la situación del encargo ambos funcionarios deberán separarse de sus funciones en tribunales colegiados de circuito en Toluca y Oaxaca, respectivamente.\r\n»La gravedad (de la violación de garantías) está dada por la alteración que ha significado para la población lo sucedido el 3 y 4 de mayo de 2006, que ha conmocionado y afectado de manera directa la forma de vida de una comunidad», afirmó el Presidente del máximo tribunal, Guillermo Ortiz Mayagoitia.\r\nLa comisión iniciará sus actividades hasta que la Corte apruebe la versión definitiva de la sentencia , lo que dará claridad a los magistrados sobre el alcance de la indagatoria.\r\nEste proceso, conocido como «engrose», podría tomar varios días e incluso algunas semanas, de acuerdo a lo que se manifestó durante la sesión de determinación\r\nEl resultado de la investigación no tendrá fuerza legal, pues el artículo 97 de la Constitución no está reglamentado, sino que será un informe que la Corte hará llegar a las autoridades competentes.\r\nAntes de la sesión Ortiz lanzó un «fuerte reproche» a vecinos de San Salvador Atenco, quienes protestaban afuera de la Corte, por lanzar amenazas a un ministro para cambiar el sentido de su voto.\r\nTambién consideró «inadmisible» la presión que unas 150 personas, algunas armadas con machetes, realizaron a las afueras de la Corte desde la sesión del jueves pasado, para inducir en favor de su solicitud.\r\nOtro «reproche» fue lanzado por el ministro Salvador Aguirre, pero en contra de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México.\r\nAguirre acusó a esta oficina de «bastardear» un convenio de cooperación que firmó con la Corte, para asumir una actitud «intromisa» al emitir un documento que hizo llegar a los ministros, en el que les recomendó investigar el caso.\r\nOrtiz Mayagoitia cambió su criterio de casos anteriores similares y se pronunció en favor de investigar. «Hemos tenido muy pocos pronunciamientos en el tema de los derechos humanos», señaló.\r\nAfirmó que la Corte no investigará hechos, pues eso ya lo hizo la CNDH, sino que definirá cuáles son los derechos humanos fundamentales y luego determinará en qué puntos se faltó a ellos. \r\n»Hay una oportunidad como Máximo Tribunal de la República no solo para la definición de derechos humanos, sino también de en qué medida pueden ceder estos derechos en actos de desorden social que deban ser controlados por la Policía», agregó.\r\nJosé de Jesús Gudiño y Sergio Valls, quienes en abril de 2006 votaron en favor de investigar el caso Lydia Cacho, esta vez se pronunciaron en contra, mientras que el nuevo ministro Fernando Franco estuvo a favor de la indagatoria.\r\nEl ministro Genaro Góngora, quien propuso asumir el caso, habló desde el jueves, cuando comparó los hechos con las matanzas de 1968 y 1971.\r\n»En el caso de Atenco ya conocemos la verdad. Hay un expediente de 20 mil fojas de la CNDH, que concluye que sí existieron por parte de algunos elementos de seguridad pública, violaciones graves a algunos habitantes de Atenco», afirmó Gudiño.\r\nEn tanto que Aguirre Anguiano, defendió hasta el último momento su postura de no investigar y recitó los nombres de los trece policías del Estado de México que están sujetos a proceso penal por presuntos abusos y excesos de fuerza.\r\nPero Góngora insistió en que la CNDH considera que su recomendación no fue cumplida. Oficialmente, la Secretaría de Seguridad Pública federal rechazó las conclusiones del ombudsman, pero el gobierno del Estado de México sí las aceptó y consignó a varios policías.\r\nPor su parte, Mariano Azuela advirtió que puede llegar el momento en que la Corte tenga que investigar todo disturbio que se presente en México, incluso aquellos derivados de «pasiones deportivas».\r\nEsta es la primera vez que la Corte desarrolla dos investigaciones de este tipo al mismo tiempo, pues también analiza caso de la escritora Lydia Cacho.