Staff MVT\r\n\r\nTOLUCA, México, 15 de Julio.- La indemnización a familiares de las víctimas y la separación del cargo de tres funcionarios del gobierno municipal de Ecatepec debe ser apenas el inicio del deslinde de responsabilidades y no un carpetazo del gobierno para proteger a los verdaderos responsables, involucrados en los lamentables hechos tras el baile en un predio de la avenida 30/30.\r\nAsí lo señaló Osmar León Aquino, secretario de Organización del Partido de la Revolución Democrática en el estado de México, luego de conocer que este lunes el gobierno mexiquense enviará a la Legislatura local la Ley de Eventos Públicos del Estado de México, a fin de establecer medidas drásticas ante hechos que se registren en eventos masivos.\r\nEs decir, que el gobierno da muestras de tomar medidas conforme se susciten los hechos y sin planeación alguna, además evidencia que durante años este tipo de eventos se llevaron a cabo sin que existiese una ley o norma al respecto, pero de haberla existido, siempre fue violentada y los hechos hablan por sí solos.\r\nEsta ley no debe contemplar únicamente sanciones severas para hacer cumplir la seguridad, sino que también debe abundar en la supervisión del aforo, venta y reciclaje de boletos para evitar revender el mismo una y otra vez, el pago de impuestos de parte de los organizadores, control sobre la compra venta y calidad de bebidas alcohólicas y sobre todo, evitar actos de corrupción en cada uno de estos rubros.\r\nLa tragedia que enlutó tres hogares y causó lesiones a decenas de personas, no puede quedar impune con un pago de indemnización a las víctimas, se requiere una verdadera investigación a fondo donde verdaderos responsables y no «chivos expiatorios», sean separados del cargo y se les finque responsabilidad jurídica.\r\nLamentablemente, a más de nueve días de los hechos, sólo tres servidores públicos fueron separados de sus funciones, pero los demás involucrados parece que burlarán la ley bajo el amparo de la impunidad, agregó Osmar León Aquino.\r\nSin embargo, es obligación de las autoridades investigar para dar a conocer aquellos organizadores prestanombres, que les permite obtener permisos en esta clase de eventos y realizarlos bajo el amparo de la total impunidad.\r\nIncluso, de ser necesario, deberían de renunciar o al menos separarse del cargo temporalmente diversas autoridades estatales y municipales, para que las indagatorias se lleven a cabo con absoluta claridad, concluyó.\r\n