TOLUCA, México, 16 de Julio.- Diversas asociaciones civiles del país y el extranjero enviaron una carta al gobernador del Estado de México, Eruviel ÁvilaVillegas, con relación al cierre del albergue para migrantes San Juan Diego, que se localizaba en la colonia Lechería, del municipio de Tultitlán, Estado de México, donde le informan que el problema de violencia y venta de drogas en la zona no es propiciado por los indocumentados.\r\nEn la carta, las organizaciones señalan al gobernador que los migrantes en tránsito son víctimas de esta problemática y con el cierre del albergue serán más vulnerables a estas redes que delinquen por la falta de seguridad.\r\nLa carta firmada con fecha 11 de julio, más de 30 asociaciones civiles manifiestan al gobernador su consternación por el cierre del albergue para migrantes San Juan Diego.\r\n»El Albergue San Juan Diego no es responsable de que en la colonia escasee el agua, ni de que no exista un sistema de recolección de basura adecuado; cuando ni el albergue ni las personas migrantes tienen bajo su responsabilidad la administración municipal a su cargo», dice la misiva.\r\nSe añade que el ex presidente municipal, Marco Antonio Calzada, no cumplió su compromiso público de entregar un terreno para reubicar el albergue y poder tener un lugar más digno para la atención a las personas migrantes a pesar que los defensores accedieron y cumplieron su solicitud de juntar las firmas necesarias la donación del terreno.\r\n»La violencia permitida en el municipio afecta no solo a los ciudadanos mexicanos sino también a las personas migrantes. Sólo de casos reportados en el 2011, tres migrantes fueron asesinados, incluido un adolescente que fue entregado a un grupo delincuencial por la policía municipal, quedando todos estos delitos en la más completa impunidad», abunda el texto.\r\n»Por lo anteriormente señalado, asumimos la falta de voluntad política del gobierno del Estado de México para garantizar el derecho a defender los derechos humanos, proteger la vida, la integridad, la libertad y contrarrestar la criminalización de una población vulnerable, situación que ha obligado a Monseñor Guillermo Ortiz, al cierre definitivo del albergue, a fin de evitar más muertes y un conato de violencia con resultados catastróficos», concluyen los firmantes.