Agencia MVT / José Contreras Contreras
TOLUCA, México, 26 de Abril del 2018.- Los comuneros de San Jerónimo Acazulco, municipio de Ocoyoacac, solicitaron al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el retiro inmediato de su localidad de los elementos de la Policía Federal que presuntamente resguardan a trabajadores y maquinaria de la constructora a cargo de la obra del Tren Interurbano México-Toluca, lo mismo que al Gobierno del Estado de México el retiro de los elementos de la Secretaría de Seguridad mexiquense.
“Los territorios de la zona de San Jerónimo Acazulco son tierras comunales, son tierras que están fuera del derecho de vía donde se encuentran apostados los elementos de estas corporaciones; están violando derechos fundamentales de las comunidades originales”, advirtió Santiago Pérez Alvarado, representante legal de los habitantes de Acazulco.
Los comuneros de Acazulco advirtieron que la presencia de más de 4 mil policías federales y estatales inhibe la actividad comercial en la zona ecoturística de La Marquesa, lo que pone en riesgo a más de mil negocios e igual número de familias que dependen de éstos para su subsistencia económica.
Señaló que si no se retiran los policías federales y estatales de la zona “vamos a solicitar la protección de la justicia federal, a través de un amparo, para que se retiren, porque están dentro de tierras comunales, no están dentro del derecho de vía, que pudieran alegar ellos”.
En conferencia, Pérez Alvarado anunció que el miércoles iniciaron la queja 34315/2018 ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que señalaron violación a derechos fundamentales “en el momento en que están entrando al territorio sin consultar a la comunidad, y sobre todo por la existencia de una suspensión de plano de la obra, que no respetaron”.
“La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha estado sosteniendo que existe un sobreseimiento, pero ningún asunto está concluido, hasta que se termina, y fue muy claro el Juez de amparo donde le señaló que no ha lugar a acordar la intervención de la fuerza pública, ya que no existía precepto legal que lo permitiera. Pese a esos dos acuerdos donde les niega la entrada, lo hicieron”, aclaró Pérez Alvarado.
Explicó que con la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo que pretenden es que se dicten medidas cautelares. “Y esas medidas cautelares, el propósito que tienen, es buscar que se retire la fuerza pública”, dijo.
“El otro punto que estamos buscando es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos venga con nosotros a una visita de acompañamiento y que pueda ser testigo de que los elementos de la policía están invadiendo las tierras comunales, no únicamente las tierras que se señala que están en conflicto”, estableció.
“Queremos señalar, por último, que la actividad comercial en la zona de La Marquesa ha sido afectada en este momento en más de mil negocios; se va a hacer un balance de los daños económicos que ya se tienen y que seguramente van a ser mayores los días viernes, sábado y domingo. De esto hacemos responsable al gobierno federal y al gobierno del Estado de México; iniciaremos trámites por la vía civil, para el pago de damos que han generado”, concluyó el representante legal de los comuneros de San Jerónimo Acazulco.