Agencia MVT / José Contreras Contreras
TOLUCA, México, 6 de Enero.- Casi cuatro meses han pasado desde el fatídico 23 de septiembre del 2016, cuando la agente del Ministerio Público, María Erika Vázquez Serrano, atropelló con su camioneta oficial a la señora Raquel Bucio Chacón, a un costado de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México, y hasta hoy la actual Fiscalía General mantiene “congelado” el caso para encubrir a la funcionaria, en perjuicio de la víctima.
Raquel Bucio Chacón pasó más de un mes en hospitales, primero en el Adolfo López Mateos y luego en el Florencia, de la ciudad de Toluca, donde le amputaron una pierna y le realizaron dos intervenciones quirúrgicas en la cadera, la cual también le destrozó la agente del Ministerio Público, María Erika Vázquez Serrano, al atropellarla.
Cuando el caso se hizo público, tanto en redes sociales de internet como en medios de comunicación, diversos funcionarios se acercaron a la señora Bucio Chacón para “garantizarle” que se haría justicia y que “recibiría todo el apoyo del Gobierno del Estado de México. Pero nada de eso fue cierto, ni se ha hecho justicia ni mucho menos recibió apoyo alguno de la autoridad estatal.
“En el hospital se presentaron varios funcionarios, que según ellos había mandado el gobernador Eruviel Ávila Villegas. Nos acordamos de un tal Maestro Claudio y del Doctor Ortiz, nos dejaron sus tarjetas, nos hicieron muchas preguntas, nos tomaron todos nuestros datos, pero nunca hicieron nada de los que nos prometieron. Dijeron que nos iban a ayudar a resolver el caso rápido, y después de tres meses y medio seguimos esperando. Ahora ya ni nos contestan el teléfono”, relató Raúl Zavala García, esposo de la señora Raquel Bucio Chacón.
Explicó que desde que la señora estaba en el hospital se presentaron policías ministeriales y supuestos peritos, quienes dijeron que cuando la señora se reestableciera la presentarían a declarar para dar trámite a la denuncia. “Durante todo este tiempo no ha habido ninguna audiencia, cuando nos citan, suspenden las citas, las aplazan, dicen que el Ministerio Público no está. Todo lo hacen para aplazar”, dijo Zavala García.
También relató que en la ahora Fiscalía General de Justicia del Estado de México han hecho todo para obstaculizar el avance de la carpeta de investigación TOL/TOL/AC3/107062945/16/09, por el delito de lesiones, en contra de María Erika Vázquez Serrano, presunta responsable, quien manejaba la camioneta, propiedad de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México, con la cual se atropelló a la señora Bucio Chacón.
“La carpeta de investigación la traen de arriba para abajo, han hecho todo para retrasar el proceso, primero estaba en la Agencia Central, luego la pasaron a varias mesas en la planta baja de la Procuraduría, y hace poco la turnaron a la Jefatura del Ministerio Público, y de ahí a una mesa especializada que acaban de crear, pero en ningún lado ha habido ninguna audiencia y mucho menos se ha citado nunca a la responsable del atropellamiento, a la licenciada María Erika Vázquez”, añadió el esposo.
Explicó que los gastos médicos, terapias y de una prótesis que ya se le colocó a la víctima han corrido por parte de la aseguradora Afirme, que es la titular de la cuenta de los vehículos de la Procuraduría General de Justicia, ahora Fiscalía General.
“En un momento dado nos ofrecieron un trato para que aceptáramos 60 mil pesos a cambio de retirar los cargos en contra de la agente del Ministerio Público, María Erika Vázquez Serrano. Por supuesto que no aceptamos, qué íbamos a hacer con 60 mil pesos, cuando en el hospital Florencia cobraron miles de pesos y la prótesis también era muy cara. Por eso lo que queremos es que se haga justicia y que se señale una indemnización justa para mi esposa”, precisó Raúl Zavala García.
Por último, hizo un llamado respetuoso al gobernador Eruviel Ávila Villegas y al Fiscal General de Justicia, Jaime Alejandro Sánchez Gómez, para que la instancia judicial haga su trabajo, se deje de encubrir a la responsable, se fije una indemnización que debe incluir una pensión vitalicia y todos los gastos de tratamiento y medicamentos, así como un apoyo económico especial, pues a raíz del accidente la víctima dejó de trabajar y su familia se ha visto perjudicada por la falta de ese ingreso.
“Al gobernador Eruviel Ávila le pedimos, le exigimos, que cumpla su palabra. Prometer no empobrece, cumplir es el problema, y todo lo que se nos prometió, todo resultó una farsa, todo fue para que nos calmáramos y dejáramos de difundir la verdad a través de los medios, pero estamos desesperados y no podemos seguir con los brazos cruzados”, concluyó la afectada.
