TOLUCA, México, 23 de Agosto.- A propuesta del Poder Ejecutivo, la LVII Legislatura logró avalar reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia; los Códigos Penal y de Procedimientos Penales y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para fortalecer el marco jurídico local, así como delimitar de manera precisa la competencia de las autoridades federales y locales, en materia de narcomenudeo.\r\nPor medio de las reformas se dan atribuciones y facultades al Ministerio Público en materia de investigación y persecución de los delitos de narcomenudeo conforme señala la Ley General de Salud, o en su caso remitirlos al Ministerio Público de la Federación después de haber practicado las diligencias correspondientes, dentro de los tres días de haberlas concluido.\r\nEn caso de ser detenidos, la remisión se hará sin demora y se observarán las disposiciones relativas a la retención ministerial por flagrancia; de igual manera, al considerar que la farmacodependencia no es un delito, se deberá informar al consumidor o farmacodependiente la ubicación de instituciones o centros para el tratamiento médico o de orientación para su prevención, el que será obligatorio al tercer reporte de la autoridad ministerial.\r\nCon las reformas hechas al Código Penal estatal se dota a las autoridades del Tribunal y Juzgados de competencia expresa en su legislación para sustanciar los procedimientos relacionados con delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, y preservar así la legalidad de su actuación.\r\n Las iniciativas de las reformas y adiciones aprobadas coinciden en la adecuación del marco normativo del Estado de México, con las reformas que en 2009 se llevaron a cabo en la Ley General de Salud, al Código Penal Federal y al Código de Procedimientos Penales, por medio de estas, se instituyó la corresponsabilidad del Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas en la investigación y persecución de la posesión, comercio y suministro de narcóticos.