Agencia MVT / Guillermo Guadarrama
Toluca, México a 13 de marzo de 2019.- A nombre del Grupo Parlamentario del PRD en la 60 Legislatura, su coordinador, el diputado Omar Ortega Álvarez, presentó al Pleno dos iniciativas para despenalizar la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación y que el Estado proporcione, en hospitales públicos, atención gratuita y segura a las mujeres que lo soliciten.
El documento señala que la penalización del aborto es una medida excesiva que, lejos de proteger los derechos de las mujeres a la salud, la no discriminación, a una vida sin violencia, a la intimidad, a la libre decisión sobre el espaciamiento y número de hijos y a la educación sexual y reproductiva, es “totalmente ineficaz para prevenir la incidencia del aborto clandestino y la disminución del riesgo de muerte por complicaciones”.
Los propósitos de la iniciativa requieren reformar el Código Penal y el Código Administrativo del Estado de México. En el primer caso, se trata de establecer, en el artículo 248, la definición de aborto como “la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación”, con lo cual, explica el documento, de manera implícita se considerará que, si ocurre antes de ese periodo, se trata de “interrupción legal del embarazo” sin que sea criminalizada.
En consecuencia, la reforma implicaría la precisión de que las penalidades alcanzarán a quien “provoque la muerte del producto de la concepción después de las doce semanas de embarazo” y no, como actualmente lo señala el Código, al que lo haga “en cualquier momento del embarazo intrauterino”.
Al respecto, el diputado Ortega Álvarez explicó que con esto no se elimina el tipo penal, sino que dentro de la tipificación se señala, claramente, cuándo existe y cuándo no.
En la Ciudad de México hasta el 2017, existen 13 clínicas de salud sexual y reproductiva del Gobierno capitalino las que llevan a cabo estas intervenciones.
Una adición al artículo 251 establecería, por otro lado, que los médicos tendrán la obligación de proporcionar a la mujer embarazada información objetiva, veraz, suficiente y oportuna sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos, así como de los apoyos y alternativas existentes para que la mujer pueda tomar la decisión de manera libre, informada y responsable”.
El legislador destacó que para su bancada, conformada también por las diputadas Araceli Casasola Salazar y Claudia González Cerón, “es una realidad que nos ha alcanzado y que tenemos que atender de manera urgente”.
Recordó que hace más de una década, la Ciudad de México despenalizó la interrupción del embarazo y desde entonces se han practicado 184 mil abortos legales sin que se haya registrado ninguna muerte; de esos, 48 mil han sido de mujeres mexiquenses; manifestó que ahora corresponde al Estado de México retomar la cuestión de manera amplia y abierta, sin subjetividades ni criterios religiosos, porque es un tema objetivo que tiene que ver con la salud de las mujeres.
El 47.1% de las mexicanas que se someten al procedimiento de interrupción legal del embarazo tienen entre 18 y 24 años, seguido del rango de edad entre 25 y 29 años (22.6%).
Aludió también la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que “no existe justificación lógico-jurídica que permita establecer que el embrión menor de doce semanas es un individuo o persona que pueda anteponerse a los derechos de las mujeres y restringir estos”.
El PRD no está a favor del aborto, expuso, mucho menos en contra de la vida, sino a favor de garantizar el derechos de las mujeres, y buscamos que el Estado se haga responsable de la atención de la mujeres. “No queremos una mujer presa por abortar o muerta por decidir”.
En este sentido, la propuesta del PRD se refiere a la obligación de las instituciones públicas de salud de garantizar los servicios de interrupción legal del embarazo de forma gratuita y en condiciones de calidad, solo en los supuestos en que las causales son excluyentes de responsabilidad penal.
Ello implicaría reformas y adiciones a los artículos 2.16, 2.22 bis y 2.22 Ter al título tercero del Libro Segundo del Código Administrativo, entre las que destaca además la inclusión de la figura de ‘objetor de conciencia’ para el médico que por sus convicciones personales o religiosas se excuse de intervenir en el procedimiento, pero las instituciones del sistema estatal de salud deben garantizar la disponibilidad de personal no objetor de conciencia.
MORENA, TAMBIÉN POR LA DESPENALIZACIÓN
A nombre de morena, la diputada Nancy Nápoles Pacheco se pronunció a favor de la despenalización y la legalización del aborto en la entidad, para que las mujeres tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y ejerzan su derecho a decidir, y dijo que los diputados de morena reconocen que el derecho al aborto es una causa de justicia social como respuesta a un problema de salud pública que no ha tenido atención.
Aseguró que los diputados de morena están comprometidos con ampliar la democracia, la cual implica el libre ejercicio de cada derecho humano para hacer realidad la igualdad sustantiva, y apuntó que el Estado laico es la base para la elaboración de políticas públicas que respondan a las necesidades de la población.
Del mismo grupo parlamentario, el legislador Mario Gabriel Gutiérrez Cureño se manifestó de acuerdo en modificar la ley con este propósito, pero puntualizó que el tema está relacionado con políticas públicas “que van más allá” y que tienen que ver con educación, información y prevención promovidas por el Estado, “para evitar llegar a estos límites, y quien tenga que hacerlo, que sea de forma segura”.
La legisladora María Luisa Mendoza Mondragón (PVEM), señaló que los diputados están para dar soluciones viables a la ciudadanía. Agregó que el derecho de las mujeres a la libertad sobre su cuerpo es incuestionable y atendible, y “no hablamos de temas religiosos o de no modificar la ley, sino de ser responsables, de crear un contexto social que permita tomar decisiones con responsabilidad”; pidió regular acciones de educación, cultura y salud para garantizar que las mujeres sepan las consecuencias de la práctica de un aborto.
El coordinador parlamentario del PT, diputado Armando Bautista Gómez, solicitó sumarse a la iniciativa a título personal. “No es a favor del aborto, sino de despenalizar a la mujer”, acotó, y opinó que “tenemos una ley medio machista”, ya que “la concepción se hace entre dos personas y nunca henos visto que también se señale a los varones”. Las iniciativas serán analizadas y dictaminadas por las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales; de Procuración y Administración de Justicia; de Salud, Asistencia y Bienestar Social, y para la Igualdad de Género, que emitirá su opinión.
