TOLUCA, México, 7 de Feb.- El diputado Miguel Ángel Xolalpa Medina, del Partido Convergencia, señaló que es una responsabilidad social de los legisladores crear un ambiente propicio para el ejercicio profesional del periodismo.\r\nSeñaló que la propuesta que presentó a la Diputación Permanente el grupo parlamentario del Partido Convergencia tiene como objetivo responder a los 65 homicidios de periodistas documentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos entre el año 2000 y el 2010.\r\n»Tenemos que responder también a la desaparición de doce comunicadores y 18 atentados contra medios de comunicación ocurridos en el lapso del año 2005 al 2009″, precisó.\r\nXolalpa destacó que el número de expedientes radicados por diversas violaciones a los Derechos Humanos de informadores, a partir de 1991, muestra una tendencia al alza. \r\n»En 2000 se radicaron 13 expedientes; en 2001, 21; en 2002, 43; en 2003, 29; en 2004, 43; en 2005, 72; en 2006, 74; en 2007, 84; en 2008, 86; durante los primeros cuatro meses de 2009 la cifra alcanzó los 80 casos y en 2010 rebasó el centenar de expedientes», acotó.\r\n»El periodismo en México se ha convertido en una profesión de alto riesgo, sobre todo al considerar que estos datos sólo revelan la existencia de los casos que toma registro la CNDH, por lo que la cifra real de agraviados puede ser mucho mayor», precisó.\r\nIndicó que estas cifras colocaron a México en el cuarto lugar mundial con el mayor número de reporteros caídos con relación al ejercicio del periodismo en el año 2010.\r\nPor ello, dijo, el Grupo Parlamentario de Convergencia propuso adiciones a los artículos 238 y 242 del Código Penal del Estado de México, con la firme convicción de que el ejercicio de la libertad de expresión, a través de la libertad de prensa, forje la institución del pacto social que acerque a la ciudadanía del Estado de México a la garantía de difundir y recibir información oportuna y veraz, alejada del método de violencia e impunidad para silenciar.\r\nConsideró urgente proveer, tanto al Ministerio Público como a los administradores de justicia penal, de una herramienta de mayor severidad en la aplicación de la ley, que al mismo tiempo permita disuadir a quienes ordinariamente han insistido en cometer los delitos de lesiones y homicidio en agravio de quienes dedican su vida profesional al periodismo.