Agencia MVT
Toluca, México, 29 de marzo 2019.- Con la premisa de que “la prostitución es una forma de explotación que debe ser abolida” y con el fin de penalizar la contratación de servicios sexuales de personas prostituidas y poner en marcha políticas públicas para desestimar esta práctica, la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa para sancionar con penas de prisión a quien compre o contrate servicios sexuales para sí o para un tercero.
La diputada señaló que el objetivo fundamental de la propuesta de reforma a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos es combatir la prostitución a través de la prohibición del comercio sexual, debido a que la actual ley sanciona a quien se prostituye, sin embargo no penaliza al cliente. “Si no hay demanda, no habrá oferta”, precisó.
Propone que en el artículo 20 bis de dicha ley establezca prisión de uno a cinco años y multa de 200 a 500 días para quien compre o contrate servicios sexuales para sí o para un tercero; solicite, acepte u obtenga relaciones de naturaleza sexual de una persona que ejerce la prostitución, incluso de manera ocasional, a cambio de una remuneración, una promesa de remuneración, remuneración en especie o promesa de algún tipo de beneficio.
En caso de reincidencia la pena sería de dos a ocho años de prisión y de 500 a mil días multa; si la persona prostituida es menor de edad o se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad, la prisión será de 10 a 15 años y la multa de mil a tres mil días.
Explicó que esto busca desalentar y evitar la entrada de personas en la prostitución y proteger a las víctimas mediante una nueva política pública que favorezca el trabajo coordinado entre las organizaciones no gubernamentales y los servicios federales, que cuente con presupuesto propio destinado a la prevención y apoyo de las personas prostituidas.
En el artículo 74 bis quedarían señaladas, como acciones del Estado mexicano, el brindar protección a las víctimas de prostitución en un Centro de Asistencia Social y otorgar el programa de protección de testigos a las personas prostituidas y sus familiares; emprender una política educativa para informar a los alumnos sobre cómo prevenir y erradicar la prostitución y los peligros de la mercantilización del cuerpo humano, así como ofrecer un bolsa de trabajo para quienes quieran salir de la prostitución.
Según cifras de UNICEF citadas por la legisladora, anualmente 4 millones de personas alrededor del mundo son víctimas de trata, de las cuales la mayoría son niñas, niños y mujeres, y entre el 10 y el 30% de las mujeres víctimas son menores de edad. En América Latina 2 millones de niñas, niños y adolescentes son víctimas de explotación sexual, comercial o laboral.
Esta explotación de personas, continuó la diputada, genera anualmente ganancias cercanas a los 32 mil millones de dólares para los tratantes, lo que coloca a esta actividad comercial ilícita en el tercer lugar entre las más lucrativas para el crimen organizado.
En México hay aproximadamente 500 mil personas prostituidas; 90% son mujeres y niñas y el 80% de ellas fueron trasladadas desde algún lugar del interior del país. Esto, de acuerdo con cifras de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina.
La propuesta fue remitida a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y dictamen.
