TOLUCA, México, 30 de Enero.- Victorino Barrios Dávalos, Contralor del Poder Legislativo, afirmó que ha actuado conforme a la Ley en el caso de las denuncias por nepotismo, de tal forma que se ha procedido a retirar a los servidores públicos que ingresaron a las nóminas de los municipios apoyados por presidentes municipales o regidores.\r\nLuego de que a Abraham Águila Boudid, presidente de la Unión de Pueblos, Barrios y Colonias, acusó que la Contraloría del Poder Legislativo es un «elefante blanco» al no atender las diferentes denuncias, Barrios Dávalos sostuvo que sí les da seguimiento.\r\nEn el caso de Toluca, expuso que al menos cuatro personas fueron retiradas de la labor que desempeñaban al comprobarse que se trata de contrataciones ilegales. «Quitamos al menos cuatro familiares directos de la presidenta municipal de Toluca, María Elena Barrera Tapia», mencionó.\r\nApuntó que todos los expedientes que recibe se resuelven conforme a lo que establece la Ley y no con sesgo político, como lo refiere Águila Boudid; «no comparto sus juicios de valor, pero todos tienen todos los elementos para denunciar ante cualquier instancia», expresó.\r\nAclaró que la Contraloría no está facultada para determinar que el servidor público que cometió nepotismo tenga que resarcir los daños, pero sí es lo que pide el presidente de la Unión de Pueblos, Barrios y Colonias, entonces tendrá que acudir a otras instancias para hacer valer la Ley Patrimonial.\r\n»Él podría iniciar un juicio civil, pero es otra instancia, pero yo no hago la ley como quiero, estoy obligado a hacer lo que la ley me indica», acotó.\r\nEn cuanto a la posibilidad de inhabilitar de su cargo a María Elena Barrer Tapia, señaló que el aspiraría a que todo aquel servidor que comete nepotismo sea retirado, pero no está contemplado en la ley.\r\n»Hago lo que me compete, apercibir al servidor público para que, en caso de reincidir, se le imponga una sanción mayor», concluyó.