TOLUCA, México, 22 de Marzo.- La Legislatura mexiquense avaló diversas reformas en materia judicial y de derechos humanos para establecer constitucionalmente, como principio de actuación de todo servidor público, el respeto a las garantías individuales, así como el combatir y sancionar la tortura bajo criterios internacionales y que la Sala Constitucional evite la aplicación de normas que los jueces consideren violatorias de los derechos humanos.\r\nLa principal de las iniciativas enviada por el Ejecutivo pretende regular la prevención y sanción de la tortura, actualizando el tipo penal en sus diferentes hipótesis, incorporando modalidades agravantes y garantizar la investigación, para lo cual se avalaron reformas a la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de México, para perfeccionar la normatividad.\r\nEs por ello que se sancionará la tortura bajo los criterios internacionales dictados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Protocolo de Estambul, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el propósito de velar por los derechos humanos con los estándares más altos a nivel mundial para prevenir, detectar y castigar tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por alguna autoridad.\r\nEl Poder Ejecutivo, a cargo del gobernador Eruviel Ávila Villegas, propuso reformas constitucionales y a la Ley Orgánica del Poder Judicial para facultar a la Sala Constitucional para conocer de recursos ordinarios en contra de resoluciones que inapliquen normas en ejercicio del control difuso de la constitucionalidad o de la convencionalidad.\r\nAdicionalmente a ello se aprobaron reformas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos a fin de incorporar la obligación de los servidores públicos estatales y municipales de promover, respetar, proteger los derechos humanos, prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los mismos.\r\n