José Contreras Contreras
ALMOLOYA DE JUÁREZ, México, 17 de Enero.- A pesar de contar con dos amparos promovidos en contra de la presunta incomunicación en la que mantienen a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias El Chapo, sus abogados no lograron verlo este domingo y mucho menos entregarle nuevamente una cobija, ropa interior, toallas y unas pantuflas.
José Luis González Meza, quien se dice parte del equipo de abogados que defienden la causa legal del Chapo Guzmán, el cual, aseguró, “podría ser de diez o quince abogados”, intentó nuevamente acceder este domingo a la penitenciaría de máxima seguridad El Altiplano, en Almoloya de Juárez, para constatar que su defendido se encuentre sano y salvo, pero no lo logró.
Advirtió que este lunes 18 de Enero acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a exigir la destitución del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; del comisionado nacional de Seguridad y del director del penal El Altiplano, pues, de acuerdo con su dicho, “están violando los amparos otorgados por el juez Décimo de Distrito en esa materia federal.
Señaló que cuentan con dos órdenes de suspensión giradas por el juez, en las que se ordena se les permita entrar en contacto con Guzmán Loera para constatar su estado físico y tener evidencia para hacer saber a su familia que El Chapo se encuentra bien.
“Imagínese usted cómo está su mamá, si lo último que supo es que lo agarraron en medio de una balacera; lo menos que cree es que su hijo está muerto, más porque no nos dejan verlo y mucho menos hablar con él”, señaló el abogado.
Sobre la controversia surgida en torno a ¿quién defiende verdaderamente a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera? El abogado señaló que “pueden ser 10 0 15 abogados”, pero dijo y mostró un amparo tramitado por él, por lo que dijo que cuenta con el poder legal suficiente para que se le permita entrevistarse con su defendido.
Por último, advirtió que la autoridad federal está obligada a respetar los derechos fundamentales de Guzmán Loera, y las garantías individuales que le confiere la Constitución del país. “No se trata de un preso de guerra, tiene derechos y deben respetarlos”, finalizó.