Agencia MVT
Toluca, México, 6 de diciembre del 2018.- La bancada de Morena en el pleno de la LX Legislatura del Estado de México, ante protestas de trabajadores del estado y municipios, decidió aprobar la abrogación del decreto 317, modificación a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), que el anterior Congreso mexiquense, “expidió al vapor el día 10 del mes de agosto de este año.
La iniciativa del punto de acuerdo para revertir la Ley de Seguridad Social, también conocida como «Ley ISSEMyM», estuvo arropada por los diputados del Grupo Parlamentario de Morena integrado por Claudia González, María del Rosario Elizalde, Berenice Medrano Jorge García, Margarito González, Violeta Nova, Liliana Gollas, Faustino de la Cruz, Alfredo González, Mónica Angélica Álvarez, Elizabeth Millán y Benigno García, entre otros.
La presidenta de la Mesa Directiva de la LX Legislatura Azucena Cisneros Coss, señaló en entrevista que “La Legislatura tiene el compromiso de construir una nueva Ley ISSEMyM, quitar la parte de la normatividad que afecta a los trabajadores con la finalidad de transparentar y manejar con eficiencia los recursos públicos”.
Manifestó que con la abrogación de la Ley del día 10 de agosto de este año, se mantiene en Vigor la Lay ISSEMyM, expedida el día 2 de enero del año 2002, con las reformas aprobadas y publicadas el 19 de diciembre del 2012.
Con la abrogación de la ley también, se busca facilitar la disponibilidad financiera de los recursos, para la otorgación de servicios médicos de calidad, y “no seguir sangrando a los trabajadores con sus aportaciones”.
Además, dijo en esta nueva legislación se pretende encontrar los mecanismos de trasparecía y rendición de cuentas en el proceso para fiscalizar de manera más efectiva los recursos.
Explicó que la fiscalización de los recursos debe ser acompañada de la imposición de sanciones que se califiquen cómo delitos graves para casos de corrupción y desvío de recursos públicos en el Instituto de Salud para trabajadores del estado y municipios
Azucena Cisneros expuso que es urgente una revisión a la cuenta pública, ya que el Instituto de Salud tiene un adeudo de 3 mil millones 385 mil 674 pesos, tan sólo a proveedores al cierre del año fiscal 2017.
Indicó que el porcentaje de crecimiento de la deuda fue de un 177.95 por ciento, del año 2013 al 2017, durante el periodo del ex gobernador Eruviel Ávila Villegas.
Puntualizó que derivado del análisis de la cuenta pública del ISSEMyM del año fiscal 2017, se detectó que tiene inversiones con el gobierno del estado de México, a corto y largo plazo por una cantidad de 9 mil millones 346 mil 573 pesos.
Situación que deja al Instituto sólo con el 30 por ciento de las reservas financieras, ya que el total son de 13 mil millones 408 mil 704 pesos, utilizadas para el pago de pensiones y servicios de salud a derechohabientes.
Días antes de concluir las funciones del anterior Congreso, fue publicada en la Gaceta de Gobierno, “La Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios”, el día 10 de agosto de 2018, apuntó.
Refirió que “La Seguridad Social es un sistema general y homogéneo de prestaciones que tiene como finalidad garantizar el derecho humano a la salud, a la asistencia médica, a la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo”.
Destacó que el ISSEMYM, es el tercer instituto de seguridad social más grande en el país, solo detrás del IMSS e ISSSTE, al aglutinar a 375 mil derechohabientes y casi 60 mil jubilados.
De acuerdo a datos del instituto los pensionados por jubilación representan el 73 por ciento del total de pensionados del Instituto y su salario es superior al sueldo promedio de trabajadores en activo, comentó.
Pero hoy, por el mal manejo de los recursos, y al ser presentadas la Ley ISSEMyM a la LIX Legislatura del Congreso Local, el día 19 de julio de 2018 por parte del titular del poder ejecutivo, y ser aprobada de manera fast-track y entraría en vigor el uno de enero del 2019. Los trabajadores se encuentran en grave peligro de perder su derecho a una pensión bien remunerada, el derecho al acceso a servicios médicos de calidad.
Además, al derecho a la seguridad social y económica de sus dependientes, informó.
Pese a que las aportaciones de los propios trabajadores y de las instituciones del Estado ha aumentado de 9 mil 460 millones a 19 mil 555 millones de pesos, esto entre los años 2012 a 2017.
Por su parte el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que encabeza el diputado Miguel Sámano Peralta, se manifestó en contra de la abrogación del Decreto 317 y precisó que ésta responde a la realidad actual del Instituto que enfrenta el reto de atender a más derechohabientes, brindar más consultas especializadas y garantizar las pensiones de más mexiquenses.
Destacó los principales beneficios de la nueva ley, como son garantizar el acceso a la seguridad social, mediante el fortalecimiento del sistema financiero; ofrecer mejores servicios de salud, además de asegurar la existencia de medicamentos, mediante un Sistema de Control de Abasto en Farmacias entre otros.
“El Instituto actualmente debe pagar pensiones mensuales a más de 64 mil pensionados y pensionistas. Hoy en día, hay seis servidores públicos activos por cada pensionado, lo que genera un desequilibrio, pues la pensión promedio es superior al sueldo de los trabajadores en funciones”, indicó.
Destacó que si no se realizan los ajustes propuestos en la nueva Ley, para el año 2021 cada servidor público tendrá que aportar el 20 por ciento de su salario para continuar con el goce de sus prestaciones.
“La abrogación de la nueva Ley del ISSEMYM atenta en contra de derechos humanos fundamentales como la vida, la salud y la seguridad social”, dijo.
Abundó que se afectará el presupuesto del Instituto para 2019 y años subsecuentes, lo que podría generar el cierre de hospitales; el despido de médicos y personal de salud; el desabasto de medicamentos y la posibilidad de que miles de derechohabientes no puedan recibir su pensión.
Explicó que con el nuevo esquema, el ISSEMyM podría seguir prestando sus servicios, en beneficio de 375 mil servidores públicos, alrededor de 701 mil dependientes y familiares, así como más de 64 mil pensionados y pensionistas; es decir, más de 1 millón 100 mil derechohabientes.
Por último, puntualizó que el ISSEMYM como toda institución pública, es perfectible “estamos ante la oportunidad histórica de tomar decisiones que la fortalezcan y aseguren su existencia”.