Agencia MVT / José Contreras Contreras
TOLUCA, México, 11 de Agosto.- Profesionales de la comunicación protagonizaron un foro de análisis y opinión en torno a la iniciativa de Ley de Protección a Periodistas que propuso a la LIX Legislatura del Estado de México el gobernador Eruviel Ávila Villegas, donde se reiteró la necesidad de crear un marco que garantice la integridad personal, física y patrimonial de los comunicadores y sus familias.
El diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LIX Legislatura local, afirmó que los comunicadores son los principales actores para la integración de un marco legal que les brinde facilidades y garantías para el libre ejercicio de la libertad de expresión.
Aseguró que es prioridad para los miembros de la Legislatura mexiquense escuchar todas las voces en torno a una propuesta de ley que, de aprobarse, será punta de lanza a nivel nacional y dejará muy en claro que en el Estado de México la libertad de expresión es principio y base fundamental para la sana relación de una sociedad plural y democrática con sus autoridades.
Señaló que los periodistas son actores fundamentales para la sana comunicación entre autoridades y ciudadanos, por lo que deben contar con un marco legal que les proteja, que garantice sus derechos, y que también fije sus obligaciones de cara a su ejercicio profesional.
Por su parte, los profesionales de la comunicación hicieron observaciones puntuales a la propuesta de ley enviada al Poder Legislativo por el mandatario mexiquense, la cual reconocieron pero también cuestionaron en asuntos como la seguridad social, el derecho a la información y la garantía de secrecía sobre las fuentes informativas.
Exigieron que “buscar información útil para la sociedad no se convierta en un riesgo para la integridad personal de los periodistas”, y demandaron que las empresas garanticen la seguridad social y jurídica de sus empleados; un salario digno y justo, que se pague puntualmente, y que las dependencias, instituciones, sindicatos, partidos políticos y empresas sean obligadas a respetar el derecho de audiencia y de acceso a la información.