Toluca, Méx., 3 de julio de 2008.- Campesinos del ejido de San Luis Ayucan, municipio de Jiquipilco, encabezados por su asesor legal, Alejandro Polens, acusaron al presidente municipal de esa localidad, Jaime Mayén Núñez, y a empresarios del sector inmobiliario de Atizapán de Zaragoza, principalmente al desarrollador Francisco Rojas Pinedo, de ser los autores intelectuales de la ejecución del abogado Fernando Mayén, quien asesoraba la lucha de los ejidatarios en contra de la operación de un relleno sanitario en esa comunidad.\r\nEn conferencia de prensa, más de 20 campesinos de San Luis Ayucan aseguraron que el propietario del fraccionamiento Condado de Sayavedra, Francisco Rojas Pinedo, está estrechamente vinculado al homicidio de Fernando Mayén, quien apareció con dos balazos en la nuca y uno más en la frente, la madrugada del 12 de marzo pasado, en un paraje de la autopista Chamapa-Lechería.\r\n“Estamos seguros que el presidente municipal de Jilotzingo, Jaime Mayén Núñez, y el empresario de Atizapán de Zaragoza, Francisco Rojas Pinedo, fraguaron un plan para eliminar al abogado Fernando Mayén, quien logró jurídicamente que cerrara, al menos temporalmente, la operación del relleno sanitario de Jilotzingo.\r\nRecordó que ese relleno sanitario violó todas las normas ambientales y sanitarias y se convirtió en el destino final de los desechos del Hospital General de México, lo que lo convirtió en un sitio de alto riesgo ambiental y para la salud de la población de Jilotzingo e incluso de otras localidades del Valle de México.\r\nExplicó que el relleno sanitario está a unos metros del cauce del principal acueducto que surte de agua potable a municipios como Naucalpan, Tlalnepantla, atizapán de Zaragoza, Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli, por lo que el riesgo de contaminación pone en peligro la salud de más de 1 millón de mexiquenses.\r\nEstableció además que el empresario de la industria inmobiliaria Francisco Rojas Pinedo se ha convertido en un “intocable”, debido a que “financió en buena medida la campaña proselitista del ahora gobernador Enrique Peña Nieto”.\r\nDio a conocer que, debido a esa influencia económica en el gobierno estatal, cualquier intento de protesta ha sido aplastado judicialmente, como el caso de la señora María del Rosario Bustos Pachuca, a quien se le envió a la cárcel, acusada de “fraccionadota clandestina”, cuando en realidad lo único que hizo fue defender un predio de su propiedad.\r\n