Agencia MVT / José Contreras Contreras
TOLUCA, México, 23 de Octubre.- Un proceso judicial plagado de irregularidades procesales ha privado a la señora María Margarita Perdomo Pérez, y a sus hijos, de la posibilidad de seguir operando 23 autobuses de pasajeros en la empresa Autotransportes Toluca-Capultitlán Triángulo Rojo, a causa de una decisión presumiblemente ilegal mediante la cual fue expulsada, sin razón aparente, de esa empresa de la cual formaba parte de la Asamblea que integran los dueños de las unidades con las que se presta el servicio de transporte público.
Sin causa aparente, el 10 de agosto del año 2012, un grupo de propietarios de autobuses convocó a una “asamblea” a la cual no invitaron a María Margarita Perdomo Pérez, y a ninguno de sus hijos, quienes también participaban en esa empresa.
En esa asamblea irregular se le expulso, sin asentar causa justificada, y por lo tanto le prohibieron que los 23 autobuses de los que es propietaria volvieran a cubrir las rutas y derroteros de la empresa Triángulo Rojo.
Esa situación ha causado un grave perjuicio económico a la familia Perdomo, toda vez que esa era la única forma de sustento de María Margarita, sus hijos, y las familias de ellos, por lo que de la noche a la mañana se quedaron con 23 autobuses que ya no podían trabajar, ni en Triángulo rojo ni en ninguna otra compañía, porque los mismos que la expulsaron de esa empresa se encargaron de cerrarle las puertas a ella y a sus unidades en el resto de las compañías del sector en el Valle de Toluca.
Los responsables de esa maniobra fueron Alejandro Ignacio Alarcón Velázquez, Cándido García Salgado, y Omar Martínez Salguero, quienes se ostentan ahora como Presidente, Secretario y Tesorero de la empresa Autotransportes Toluca-Capultitlán Triángulo Rojo.
Ante tal situación, María Margarita Perdomo Pérez promovió un juicio ordinario mercantil, para la nulidad absoluta de la mencionada asamblea en la que se le destituyó y expulso, a ellas y sus autobuses, de la empresa Triángulo Rojo.
Sin embargo, ese proceso se contaminó totalmente, presumiblemente porque los ahora Presidente, Secretario y Tesorero de la empresa Triángulo Rojo “se han encargado de repartir dinero a varios jueces que han tenido conocimiento del caso”, acusó la afectada María Margarita Perdomo Pérez.
“A pesar de que existe un sentencia definitiva emitida el 7 de octubre del 2016, en la que se califican como falsas las actas de la asamblea del 10 de agosto del 2012, ni así nos han permitido volver a trabajar, y, por el contrario, hemos recibido reiteradas amenazas de que algo malo nos va a pasar si no desistimos de las acusaciones en contra de quienes nos despojaron”, relató Perdomo Pérez.
“Y es que cada vez que el juicio llega a un juzgado, extrañamente los jueces se niegan a aceptarlo, alegan cualquier cosa, que no es de su incumbencia, que no están capacitados para atender el juicio, pero de una forma u otra se echan para atrás y lo único que hacen es alargar el proceso, darle largas, pero nunca aplican la ley”, acusó.
Por ello, hizo un llamado al gobernador Eruviel Ávila Villegas y al Presidente del Poder Judicial del Estado de México, Sergio Javier Medina Peñaloza, para que revisen el caso y observen la forma “a todas luces corrupta” como han actuado varios jueces en este proceso.
María Margarita Perdomo Pérez pidió a la autoridad que se aplique la ley, que se anule la asamblea en la que ella y su familia fue destituida y expulsada de la empresa de autotransporte Triángulo Rojo, y que se le permita volver a trabajar, pues, aclaró, “todo esto configura flagrantes violaciones a sus derechos fundamentales, como el derecho al trabajo y a la libre empresa, los cuales están siendo violados, por dinero, por miembros del Poder Judicial”, finalizó.