Agencia MVT / Cynthia Gómez Colín
TOLUCA, México, 3 de Octubre.- La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Estado de México, emprendió una campaña anticorrupción, cuyo objetivo será fortalecer y cristalizar los esfuerzos del gobierno federal al promulgar el Sistema Nacional Anticorrupción y evitar las irregularidades que se presentan, sobre todo a la hora de otorgar permisos y licitaciones en la obra pública.
Ismael Martínez Martínez, presidente de la CMIC, dijo que es evidente la existencia de la corrupción, sobre todo en los servidores públicos, y aseguró que esto, de acuerdo con el Banco de México, le cuesta al país 3 mil 983 millones de pesos, lo que significa el 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que es importante erradicar el tema.
Puso como ejemplo el caso del Ayuntamiento de Toluca, donde existe una obra que está siendo pagada al doble de su costo real total, ésta fue realizada por el Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca, ante la cual el presidente municipal, Fernando Zamora Morales, recalcó que no pagará porque no tiene dinero.
En este caso, Martínez Martínez resaltó que lo que debería hacer el alcalde es denunciar a la administración pasada, que fue quien autorizó la obra, por el simple hecho de ejercer recursos que no tenía, pero que no deje de pagar a los constructores ya que como alcalde es su obligación
“Por qué no hace acciones y por qué se va por el lado más débil al no pagarle a los proveedores, por qué no aclararlo, no es dueño del dinero, solo lo administra”, dijo.
Recordó que tan responsable es de corrupción el que incurre en ella, como el que la encubre, como es presumiblemente el caso del presidente municipal de Toluca, Fernando Zamora Morales.
Resaltó que además el alcalde no puede escudarse en este tipo de declaraciones que calificó como “lamentables”, y no se pueden concebir, resaltando que como es posible que la sociedad tenga ese tipo de representantes a nivel municipal.
El presidente de CMIC detalló que Toluca no es el único municipio con esta situación, ya que ayuntamientos como Atizapán, Chalco, Lerma, Zinacantepec, Santo Tomas, Huixquilucan, entre otros, han acumulado una deuda de 100 millones de pesos con los constructores, cantidad por la que los nuevos alcaldes no se quieren hacer responsables.
Por lo que confían que las autoridades pongan fin a todo tipo de extorsión y que se castigue la corrupción dentro de todos los ámbitos de gobierno para evitar este intento de hacer trámites y negocios.