AMECAMECA, México, 24 de Mayo.- Abusos de autoridad, lesiones, extorsiones y acoso sexual son los delitos más denunciados en contra de servidores públicos de la región oriente del Estado de México, principalmente policías municipales, ministeriales, de la Agencia de Seguridad Estatal y ministerios públicos.\r\nUn informe semestral, de noviembre de 2010 a abril del presente año, de la Fiscalía Regional, establece que 27 diferentes servidores públicos fueron denunciados por los delitos antes señalados.\r\nDe todas las denuncias presentadas en ese periodo, el mayor número fue en contra de policías municipales de Amecameca, Tlalmanalco y Ozumba, por abuso de autoridad y acoso sexual, principalmente.\r\nUniformados de Amecameca fueron los más denunciados durante en el último semestre.\r\nLes siguen policías de la Agencia de Seguridad Estatal con siete casos, por lesiones, extorsión, robo de carro, una denuncia de hechos y abuso de autoridad.\r\nTan sólo un caso. En noviembre del año pasado, Raymundo Urbina y Marco Antonio Ortiz, policías ministeriales adscritos a la Fiscalía Regional, fueron denunciados por Martha González Castañeda, comerciante del municipio de Ozumba por extorsión y a abuso de autoridad.\r\nTres ciudadanos de Amecameca y Tlalmanalco presentaron dos denuncias de hechos y una por abuso de autoridad, en contra del mismo número de ministerios públicos adscritos a la Fiscalía Regional, con sede en Amecameca.\r\nCon la relación a las denuncias, destaca una por abuso de autoridad, presentada en noviembre de 2010 en contra de la presidenta municipal de Atlautla, María del Carmen Carreño García, por María de Lourdes Delgado, habitante de la cabecera municipal.\r\nDe igual manera, una profesora de Tlalmanalco fue denunciada por lesiones en perjuicio de uno de sus alumnos.\r\nEn enero del presente año, un comerciante de Amecameca acudió a la mesa de responsabilidades para iniciar una denuncia de hechos en contra de policías de la Procuraduría General de la República adscritos a la región oriente.\r\nEn todos los casos, no se ha ejercido ninguna acción penal en contra de los servidores públicos denunciados por ciudadanos de la región, que únicamente fueron citados a comparecer en la mesa de responsabilidades para responder a las denuncias en su contra.